España se aproxima al plazo límite para la plena implementación del Reglamento Europeo sobre inteligencia artificial. Las pymes, que ya incorporan IA en sus operaciones, deben adaptarse de inmediato para evitar sanciones que podrían superar los siete millones de euros, según expertos de la tecnológica Cosmomedia.
La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cotidiana para las pequeñas y medianas empresas (pymes) de España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 21,1% de las empresas con 10 o más empleados ya utiliza IA en su operativa diaria. Sin embargo, pocas cuentan con políticas internas que aseguren el cumplimiento del nuevo marco normativo europeo y español.
En agosto de 2026 vence el plazo para la adaptación completa al Reglamento UE 2024⁄1689, que en España se desarrolla a través de la Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, supervisada por la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Esta legislación establece obligaciones concretas para garantizar el uso seguro y transparente de la IA, y establece sanciones severas para quienes incumplan la normativa.
“Con este checklist queremos aportar luz en un marco normativo que muchas pymes desconocen, además de ayudarles a cumplir con todos los parámetros de la normativa y garantizar su seguridad digital”, señala José Manuel Fuentes, CEO de Cosmomedia, la tecnológica que ha elaborado una guía de seis claves para el cumplimiento legal de la IA en pymes.
Inventario de herramientas y documentación técnica
El primer paso recomendado por Cosmomedia es crear un inventario detallado de todas las herramientas de IA que la empresa utiliza. Este registro debe incluir desde asistentes de redacción hasta software de análisis de datos, indicando su finalidad y nivel de riesgo. Según la guía, esta medida es la base para la transparencia exigida por la ley.
Además, la normativa establece que los proveedores de IA —ya que la mayoría de las pymes no desarrollan sus propios sistemas— deben entregar documentación técnica completa y manuales de uso que certifiquen el cumplimiento legal. Este requisito permite que las empresas puedan demostrar la seguridad y legalidad de los sistemas que implementan.
Formación del personal: la alfabetización en IA
Más allá de instalar el software, la ley obliga a las empresas a garantizar la formación de sus empleados. La normativa requiere que la plantilla reciba instrucción sobre el funcionamiento de la IA, los sesgos que puede conllevar y cómo emplearla correctamente. Cosmomedia destaca que la “alfabetización en IA” no solo protege a la empresa frente a sanciones, sino que también minimiza riesgos de errores en la toma de decisiones automatizada.
Supervisión humana en sistemas de alto riesgo
El reglamento clasifica algunos usos de la IA como de “Alto Riesgo”, especialmente aquellos relacionados con selección de personal, análisis de rendimiento, calificación crediticia o infraestructuras críticas como agua, gas o electricidad. En estos casos, la ley prohíbe la automatización total y exige revisión humana.
Este requisito busca garantizar que decisiones sensibles no dependan únicamente de algoritmos, protegiendo derechos fundamentales de los ciudadanos. “Siempre debe existir la supervisión humana”, subraya la guía de Cosmomedia, destacando que la revisión es clave para prevenir errores y proteger tanto a empleados como a clientes.
Prohibiciones absolutas: IA de riesgo inaceptable
El marco europeo establece que ciertos usos de IA son completamente ilegales. Entre ellos se incluyen la categorización biométrica basada en creencias, la puntuación social y el reconocimiento facial no autorizado. La ley considera estas prácticas de “riesgo inaceptable” por su potencial de vulnerar derechos fundamentales y manipular la conducta de las personas.
Las pymes que mantengan sistemas prohibidos se enfrentan a las sanciones más severas del reglamento, que en casos extremos pueden ascender hasta 35 millones de euros o al 7% de la facturación global anual de la empresa. No obstante, la ley contempla mecanismos de proporcionalidad para startups y pymes, aplicando la cuantía menor para proteger la viabilidad del negocio.
Régimen sancionador y autoevaluación
El cumplimiento normativo es obligatorio, pero el legislador ha introducido medidas de flexibilidad para pequeñas organizaciones. Las sanciones se calculan de manera proporcional, de manera que una pyme no vea comprometida su continuidad financiera.
Para facilitar la adaptación, Cosmomedia ha puesto a disposición de las empresas un checklist de autoevaluación online, que permite analizar el grado de cumplimiento con los requisitos del IA ACT. Esta herramienta ayuda a identificar áreas críticas, corregir desviaciones y preparar a la organización para inspecciones regulatorias.
Áreas críticas y retos para las pymes
El informe destaca que los sectores más sensibles al riesgo de incumplimiento se encuentran en departamentos de recursos humanos, atención al cliente, salud, diseño y servicios de generación de informes o contenidos. En estas áreas, el uso de IA es frecuente y las consecuencias de errores o decisiones sesgadas pueden ser significativas.
Expertos coinciden en que, mientras muchas pymes han incorporado la inteligencia artificial de manera experimental, el año 2026 será decisivo para transformar esa experimentación en cumplimiento real. El plazo límite de agosto marca el fin del período transitorio y la obligación de que todas las operaciones con IA se ajusten a la normativa europea.
Para José Manuel Fuentes, la digitalización y la regulación no son contradictorias. “El objetivo es que las pymes puedan aprovechar la IA de manera responsable, protegiendo tanto a sus trabajadores como a sus clientes, y evitando sanciones que puedan comprometer su negocio”, explica. Según Cosmomedia, la clave está en combinar formación interna, inventarios precisos y revisión humana de los sistemas críticos.
El desafío para las empresas españolas es doble: aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y competitividad, y al mismo tiempo cumplir con un marco legal que, aunque exigente, busca garantizar transparencia, equidad y seguridad.
