El precio de la vivienda en España se ha disparado un 12,2% en el primer trimestre, la mayor subida en 18 años. Esto hace que, actualmente, uno de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes españoles es el acceso a ella. Y los datos así lo reflejan debido a que la edad media de emancipación supera los 30 años y el precio del alquiler en las grandes ciudades consume más del 40% del salario de un joven. A esto se añade que la compra de una vivienda es, para muchos, una quimera. Desde el sector inmobiliario se observa con preocupación una desigualdad generacional que hay que resolver.
Según Antonio Ortiz, Director General de SAFTI España, “no estamos ante un fenómeno inevitable ni exclusivo de nuestro país. Con voluntad política, colaboración público-privada y decisiones valientes, es posible revertir esta situación. Desde nuestro punto de vista, estas son algunas de las ideas o medidas que podrían estudiarse a fondo y aplicarse”:
Fomentar la construcción de vivienda accesible con incentivos reales. Debe hacerse con una verdadera visión de futuro. No se trata solo de limitar precios o prometer promociones públicas a medio plazo. Se trata de garantizar un stock permanente para generaciones presentes y futuras. Es imprescindible facilitar suelo finalista dónde sea posible, agilizar licencias y que se subvencione, si es el caso, el coste de la promoción, con una política de suelo activa y coherente. Quizás, una vigilancia sobre la fiscalidad a la transmisión de éstas, atendiendo siempre al poder adquisitivo de las familias y evitar la desaparición de la vivienda accesible.
Crear una auténtica red de vivienda pública y protegida del alquiler. España tiene una de las tasas más bajas de Europa en cuanto a parque público de vivienda. Las políticas deben orientarse al ámbito público, pero también incentivar al privado. Hace falta una inversión sostenida a largo plazo y colaboración con el sector privado para construir y gestionar vivienda protegida en alquiler pero, también, con sostenibilidad económica, con una política de suelo activa y coherente. Ser justos a la hora de evaluar las condiciones que dan acceso. Del mismo modo, un control del mercado especulativo por parte de los fondos de inversión o empresas, sin ventajas fiscales, que intensifiquen la especulación. Es decir, medidas para acotar la excesiva especulación con un bien que es de primera necesidad. Se trata de sumar todas las iniciativas entorno a este objetivo.
Reforzar las ayudas del alquiler con control de impacto. Analizar bien el impacto de las ayudas directas, en muchos casos consiguen el efecto contrario. Además, deberían complementarse con avales públicos que faciliten a los jóvenes proporcionar garantías a sus arrendadores. También acceder a una hipoteca con garantías, que ayuden a los jóvenes arrendadores a convertirse en propietarios.
Apostar por la rehabilitación y el cambio de uso. La regeneración de barrios y agilizar el cambio de uso de inmuebles, mediante incentivos o colaboración con propietarios, puede ampliar de forma significativa el parque disponible. Esto requiere coordinación entre administraciones, financiación ágil y visión urbanística a largo plazo.
Educación financiera y planificación residencial. Por ejemplo, que un comprador joven entienda como influye la evolución de los tipos de interés y de la inflación sobre su cuota de hipoteca, permite analizar mejor si se tiene capacidad para comprar en ese momento. En cuanto, a la planificación residencial, el desarrollar nuevos PAU, quizás a mayor distancia, pero con buenas comunicaciones, puede ayudar en la búsqueda de esa primera vivienda bien como comprador, bien como arrendatario.
“Desde el sector inmobiliario, estamos comprometidos con las personas. Por eso, queremos trabajar con transparencia y responsabilidad para que el acceso a la vivienda no sea un privilegio, sino un derecho para toda una generación”, indica Antonio Ortiz.
